EVALUACIÓN PATICIPATIVA Y LA AGENDA 2030

El interés y la preocupación por la evaluación de las políticas públicas ha crecido a nivel global en las dos primeras décadas del siglo XXI. Esto se refleja en diversos planos: (a) una dinámica producción teórica y su consiguiente reflexión metodológica en el campo de la evaluación, y (b) el incremento de prácticas evaluativas y de políticas nacionales de evaluación en países de todos los continentes, reflejado en el crecimiento de la institucionalidad de la evaluación y el surgimiento de diversas iniciativas orientadas a profesionalizar esta práctica.

Como expresión global de estas tendencias, el 2015 fue declarado Año Internacional de la Evaluación por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto explicitó una suerte de alianza o consenso sobre la relevancia del tema, debido a que confluye el interés y las acciones de diversos estamentos de los estados nacionales, los principales organismos internacionales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, la academia y las Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPE, por sus siglas en inglés, las que comprenden a redes, asociaciones y comunidades de práctica de evaluación). El factor común que aglutina a estos actores institucionales en este campo es el interés en potenciar el desarrollo de la evaluación como instrumento de mejora de las políticas públicas.

La evaluación constituye, en efecto, una herramienta para la nueva gobernanza. Cada vez más, los buenos gobiernos no son sólo aquellos que se ajustan a la norma y las reglas democráticas, sino los que además se ocupan de mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía. Una ciudadanía que cada vez es más crítica y exigente, y que quiere estar informada de lo que acontece en la agenda pública, por lo que exige espacios de participación en la misma.

También en el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030, un plan de acción que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, orientados a favorecer el desarrollo social, la economía, el medio ambiente, así como la paz y el acceso a la justicia. Los mismos incluyen mecanismos de seguimiento y evaluación a fin de que los objetivos sean monitoreados y revisados sistemáticamente con el protagonismo de la sociedad civil, lo que ayuda a los países en la implementación de esta agenda.

En este contexto se apuesta por adaptar la agenda de prioridades para la evaluación a nivel global, orientada a reducir la brecha entre la comunidad de evaluadores (oferta) y la comunidad de los hacedores de políticas (demanda), incluyendo el protagonismo de la sociedad civil como una forma de asegurar no sólo que las evaluaciones respondan a los necesidades de los usuarios sino también a estándares de calidad, basadas en evidencias, creíbles y utilizadas en la formulación y gestión de políticas públicas. Los principios que emanan de la Agenda 2030 son la referencia clave para orientar a quienes nos esforzamos por esta adaptación de los sistemas de evaluación.

Al respecto, queremos compartir el testimonio de Marcia Itzel Checa, evaluadora mexicana, quien alude a la evaluación participativa como una herramienta clave para acompañar los principios de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. Ella afirma que se trata de un enfoque que busca sumar las voces de múltiples actores, para que desde ellas se pueda mejorar sus condiciones de vida. ¡Gracias Itzel por tus reflexiones!