por Julia Espinosa-Fajardo
En el camino hacia la consolidación de la evaluación, la Agenda 2030 nos ha dejado un mandato imperativo: “no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, cuando miramos de cerca las políticas públicas y los programas, nos damos cuenta de que no todas las necesidades sociales reciben la misma atención, que la implementación no llega por igual a todo el mundo y que sus impactos no siempre se distribuyen de manera equitativa.
De hecho, si no reparamos en las diferentes desigualdades entrelazadas que operan en cada contexto, las políticas y su propia evaluación tienden a reproducirlas y, en ocasiones, a reforzarlas. En este punto, resulta fundamental incorporar la interseccionalidad en la evaluación. ¿Qué trae este enfoque a nuestro campo? Esta pregunta es central para quienes entendemos la evaluación como una herramienta clave para la equidad y la justicia social.
A continuación, se comparten algunas reflexiones al respecto que son desarrollas, con mayor detalle, en el capítulo “Género e interseccionalidad en la evaluación de políticas públicas. Desarrollos teóricos e implicaciones prácticas” (Espinosa Fajardo, 2025).
La evaluación vive una paradoja difícil de ignorar. Nunca hemos tenido tantas metodologías, herramientas, fuentes de datos y capacidades técnicas. Sin embargo, la influencia efectiva de la evaluación sobre las decisiones públicas sigue siendo desigual y, en muchos contextos, sorprendentemente limitada, con avances y retrocesos, marchas y contramarchas institucionales incluso en experiencias consideradas referentes.
Durante muchos años, la evaluación se sostuvo sobre una promesa poderosa: producir evidencia sobre qué funciona y qué no, para orientar decisiones públicas más justas, eficientes y democráticas. En ese horizonte, la evaluación no era solo una herramienta técnica, sino un dispositivo político en el mejor sentido del término: un medio para ampliar la libertad, fortalecer la rendición de cuentas y acercar el ejercicio del poder a la ciudadanía. Conocer resultados implicaba, en teoría, empoderar a las personas para exigir mejores políticas y un uso más transparente de los recursos.
Las ciudades de todo el mundo, incluidas muchas de América Latina, están incorporando soluciones de inteligencia artificial en sus servicios urbanos: sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial para la seguridad pública, gestión del tráfico, atención al ciudadano, recogida de residuos, promoción turística.
Hace algunos meses, me senté durante más de dos horas con un grupo de mujeres para escuchar su experiencia con un programa. No había grabadora encendida en ese momento. No había formulario en mis manos. Había silencio, pausa, chocolate y una confianza que llevo semanas construir. En esa conversación aprendí más sobre los determinantes reales del acceso a servicios de salud que en cualquier base de datos que había procesado antes.
Presentamos el episodio catorce del podcast de EvalParticipativa, ahora en su nuevo formato asistido por inteligencia artificial. En esta entrega se aborda un debate muy presente en el campo de la evaluación, tomando como referencia las
En contextos de vulnerabilidad urbana, evaluar no es un acto neutro. Toda evaluación implica una forma de mirar la realidad, de definir qué cuenta como problema, qué se considera logro y quién tiene la palabra para interpretarlo. Desde esta convicción surge el artículo 
Cuando nos propusimos evaluar Co-Inspira, una iniciativa de construcción de paz en Colombia, sabíamos que enfrentábamos un desafío poco convencional. No se trataba de evaluar una intervención tradicional, sino algo mucho más complejo: un proceso de Investigación-Acción-Sistémica (IAS) que, en sí mismo, ya era un ejercicio colectivo de generación de conocimiento
