por Carlos Rodríguez-Ariza

El problema no eran los métodos

La evaluación vive una paradoja difícil de ignorar. Nunca hemos tenido tantas metodologías, herramientas, fuentes de datos y capacidades técnicas. Sin embargo, la influencia efectiva de la evaluación sobre las decisiones públicas sigue siendo desigual y, en muchos contextos, sorprendentemente limitada, con avances y retrocesos, marchas y contramarchas institucionales incluso en experiencias consideradas referentes.

Durante años hemos discutido principalmente sobre herramientas, diseños y metodologías. Sin embargo, los desafíos más importantes de la evaluación contemporánea parecen estar cada vez menos relacionados con los métodos y cada vez más con los sistemas en los que esos métodos operan. El problema ya no parece ser esencialmente técnico. Es, sobre todo, una cuestión de diseño institucional, gobernanza, relevancia estratégica y capacidad colectiva para transformar evidencia en aprendizaje, decisión y acción.

Durante décadas, gran parte del campo evaluativo se apoyó en un paradigma centrado en la medición, la estandarización y la rendición de cuentas. Ese enfoque permitió avances significativos, pero también mostró límites crecientes: fragmentación, ritualización, baja utilización de resultados y desconexión respecto de los procesos reales de decisión (Dahler-Larsen, 2012; Bamberger et al., 2019).

Estudios más recientes han identificado desafíos adicionales, como la sobrecarga de evidencia, la persistencia de incentivos organizacionales poco favorables al aprendizaje, las dificultades para abordar problemas complejos y adaptativos, y la vulnerabilidad de las instituciones evaluativas frente a cambios políticos e institucionales (Patton, 2018; Crawford, 2021; OECD, 2023).

Más aún, la literatura contemporánea sugiere que el desafío principal ya no radica tanto en producir más evidencia como en fortalecer las capacidades institucionales para interpretarla, deliberar sobre ella, integrarla con otras fuentes de conocimiento y utilizarla efectivamente en contextos caracterizados por complejidad, incertidumbre y cambios frecuentes de prioridades (Patton, 2018; OECD, 2023; Salas et al., 2022).

Al mismo tiempo, los problemas públicos se han vuelto más complejos, interdependientes y políticamente disputados. Como resultado, ha resurgido una pregunta fundamental: ¿qué papel debe desempeñar realmente la evaluación en la gobernanza contemporánea? (OECD, 2023).

Seguimos evaluando (y planificando evaluaciones) en muchos contextos como si los problemas fueran lineales y relativamente estables. Sin embargo, las realidades sobre las que actuamos son cada vez más dinámicas, inciertas y conectadas.

Los desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la cohesión social, la infancia o la transformación digital no pueden comprenderse ni gestionarse adecuadamente desde perspectivas fragmentadas. Requieren capacidades para conectar información dispersa, integrar perspectivas diversas y aprender de manera continua. Por ello, el desafío principal no consiste únicamente en mejorar la evaluación como práctica aislada, sino en repensarla como sistema. Este artículo propone seis ideas conectadas:

• • • El problema es de diseño, no de métodos.
    • La colaboración es infraestructura (condición), no valor.
    • Seguimos evaluando sectores en problemas sistémicos.
    • Evaluar implica redistribuir poder.
    • Sin cuidado no hay sostenibilidad.
    • El verdadero cambio consiste en pasar del individuo al sistema.

La tesis que articula estas reflexiones es sencilla: la evaluación solo será relevante cuando deje de concebirse como un ejercicio aislado de medición y pase a entenderse como una arquitectura institucional capaz de articular rendición de cuentas, aprendizaje, decisión y transformación, conectando evidencia, políticas públicas, capacidades colectivas y procesos genuinos de participación. Más aún, su contribución principal no radicará únicamente en producir conocimiento sobre la realidad, sino en fortalecer la capacidad de personas, organizaciones y sistemas para aprender, adaptarse y transformarse de manera continua.

El verdadero problema es sistémico

El debate evaluativo continúa demasiado atrapado en dicotomías conocidas: aprendizaje frente rendición de cuentas; cualitativo frente a cuantitativo, experimental frente a adaptativo, rigor frente a uso. Estas discusiones siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. La evidencia acumulada muestra que muchas evaluaciones fracasan no por falta de calidad metodológica, sino porque operan dentro de sistemas que no favorecen el aprendizaje, el uso o la toma de decisiones basada en evidencia (Patton, 2018; Sanderson, 2002). Resulta frecuente encontrar evaluaciones técnicamente sólidas que apenas influyen en decisiones, procesos orientados a rendir cuentas más que a aprender y abundancia de evidencia con escasa tracción política.

La relevancia no se construye al final de una evaluación. Se construye desde el inicio, cuando se diseñan planes de evaluaciones estratégicamente relevantes y coherentes con las políticas y estrategias, preguntas evaluativas, procesos y mecanismos de utilización vinculados a prioridades reales. Y ello implica incorporar desde el comienzo a quienes producen, utilizan y experimentan las políticas y programas evaluados. La relevancia surge tanto de la calidad técnica como de la capacidad de integrar conocimientos, experiencias y perspectivas diversas.

La colaboración es infraestructura (condición)

Uno de los consensos más extendidos en evaluación es que debemos colaborar más. Sin embargo, los sistemas complejos no colaboran simplemente porque sus actores lo deseen. Colaboran cuando existen incentivos, reglas, estructuras y capacidades que hacen posible dicha colaboración (Axelrod, 1984; Ostrom, 1990). Cuando estas condiciones no están presentes, la no colaboración (o la protección de recursos, información y espacios de influencia) suele constituir una respuesta racional desde la perspectiva de los actores involucrados.

Cuando esos elementos no existen, aparecen patrones recurrentes como competencia organizacional, fragmentación institucional, asimetrías de poder e incentivos individuales contrapuestos. La colaboración efectiva exige rediseñar los sistemas evaluativos para favorecer:

• • • la construcción conjunta de preguntas y agendas de aprendizaje;
    • la producción compartida de evidencia;
    • la integración de conocimientos procedentes de la evaluación, el seguimiento, la investigación, los datos administrativos, la gestión del conocimiento y otras funciones institucionales;
    • la interpretación colectiva de resultados;
    • el uso coordinado de hallazgos;
    • el fortalecimiento de capacidades evaluativas y de uso de evidencia en todo el ecosistema, más allá de las unidades de evaluación.

Desde esta perspectiva, la colaboración no consiste únicamente en coordinar actores o compartir información. Implica crear las condiciones para que diferentes organizaciones, disciplinas, funciones y comunidades de práctica contribuyan conjuntamente a la generación, interpretación y utilización de conocimiento. La fortaleza de un ecosistema evaluativo depende menos de la calidad de cada componente individual que de la calidad de las conexiones que existen entre ellos.

La participación no es únicamente una cuestión ética o democrática. Es también una condición funcional para generar aprendizaje colectivo. Los sistemas aprenden mejor cuando incorporan perspectivas diversas, conocimiento distribuido y experiencias complementarias. Sin participación relevante, la evaluación corre el riesgo de producir respuestas técnicamente correctas, pero socialmente irrelevantes.

En los ecosistemas evaluativos más maduros, la pregunta central deja de ser quién produce la evidencia y pasa a ser cómo distintos actores y funciones contribuyen colectivamente a generar inteligencia para la acción pública. Existe además una tensión fundamental entre independencia y colaboración. La credibilidad de la evaluación requiere autonomía, pero su utilización exige interacción continua con quienes diseñan e implementan políticas y programas. El desafío no es elegir entre ambas, sino crear condiciones institucionales que permitan conciliarlas.

Ello implica ampliar el pensamiento evaluativo más allá de las evaluaciones formales y fortalecer capacidades para generar, interpretar y utilizar evidencia a través de funciones complementarias como la planificación, el seguimiento, la investigación aplicada, la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional, la analítica de datos, los mecanismos de retroalimentación ciudadana y el foresight.

Desde esta perspectiva, el objetivo último no es producir más evaluaciones, sino aumentar la capacidad colectiva de generar, integrar y utilizar evidencia para aprender, adaptarse y tomar mejores decisiones. La evaluación constituye una pieza esencial de este ecosistema, pero no la única fuente de conocimiento relevante para la acción pública (Nutley et al., 2007; Parkhurst, 2017).

Seguimos evaluando sectores en problemas sistémicos

Los principales desafíos contemporáneos (desigualdad, pobreza, cambio climático, bienestar infantil, migración o cohesión social) no respetan fronteras sectoriales. Sin embargo, los sistemas evaluativos siguen organizándose con frecuencia alrededor de programas aislados, indicadores fragmentados y estructuras institucionales desconectadas. Esta tensión se hace particularmente visible cuando intentamos incorporar enfoques transversales relacionados con género, equidad, derechos humanos o participación (Kabeer, 1999).

El problema no es la ausencia de estos enfoques. El problema es que con demasiada frecuencia siguen funcionando como capas adicionales y no como principios organizadores del análisis y la acción. La evaluación necesita pasar de la transversalidad a la integración; de los silos a los sistemas; y de la agregación de resultados a la comprensión de interdependencias. Comprender problemas complejos exige también incorporar la diversidad de experiencias de quienes los viven desde posiciones sociales, territoriales e institucionales diferentes.

Evaluar implica redistribuir poder

Las instituciones contemporáneas enfrentan crecientes desafíos de legitimidad. Al mismo tiempo, emergen nuevas formas de producción de conocimiento, participación ciudadana e inteligencia colectiva. En este contexto, la evaluación no puede limitarse a verificar resultados. Debe contribuir a fortalecer espacios de deliberación, aprendizaje y toma de decisiones informadas. Esto implica reconocer la pluralidad de saberes y valorar el conocimiento situado.

Redistribuir poder no significa únicamente ampliar la participación en la recolección de información. Significa ampliar la capacidad de distintos actores para formular preguntas, interpretar evidencias y participar en decisiones. La participación deja entonces de ser una técnica específica para convertirse en una dimensión constitutiva de sistemas evaluativos más democráticos y legítimos.

Sin embargo, esta aspiración plantea una tensión importante. La evaluación ha promovido durante décadas la participación como un principio central, pero muchas de las organizaciones en las que opera continúan caracterizándose por estructuras jerárquicas, flujos asimétricos de información y mecanismos verticales de rendición de cuentas (Cornwall, 2008; Parkhurst, 2017). En estos contextos, la participación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico si no va acompañada de oportunidades reales para influir en las preguntas formuladas, las evidencias consideradas y las decisiones adoptadas.

La cuestión no es simplemente incorporar más actores al proceso evaluativo, sino promover formas de participación relevantes, funcionales y proporcionales a los propósitos de la evaluación. La participación genera valor cuando amplía la calidad del aprendizaje, mejora la comprensión de problemas complejos, incorpora perspectivas diversas y fortalece la legitimidad de las decisiones; no cuando se convierte en un requisito procedimental desprovisto de influencia efectiva (Chambers, 1997; Cornwall, 2008).

Desde esta perspectiva, evaluar implica también democratizar la producción y el uso del conocimiento. Ello supone crear condiciones para que diferentes actores puedan contribuir de manera significativa a la generación de evidencia, la interpretación de hallazgos y la construcción de respuestas colectivas a problemas públicos complejos.

La inteligencia artificial añade nuevas oportunidades para ampliar capacidades analíticas, procesar grandes volúmenes de información y facilitar nuevas formas de generación de evidencia. Sin embargo, también puede reforzar dinámicas preexistentes de concentración de poder, opacidad, sesgos y exclusión si los datos, algoritmos y criterios de decisión permanecen fuera del escrutinio público o del debate plural (Crawford, 2021). En este sentido, los desafíos que plantea la inteligencia artificial no son únicamente tecnológicos, sino también institucionales, éticos y democráticos.

La pregunta central no es quién tiene acceso a más datos o mejores algoritmos, sino quién participa en la definición de las preguntas, la interpretación de la evidencia y el uso de los resultados. En última instancia, los desafíos planteados por la inteligencia artificial hacen aún más visible una cuestión fundamental para los ecosistemas evaluativos contemporáneos: quién tiene la capacidad de influir sobre qué conocimiento se produce, qué evidencia se considera válida y cómo se utiliza para orientar la acción pública.

Estas tensiones refuerzan la necesidad de diseñar ecosistemas evaluativos capaces de combinar innovación tecnológica, diversidad de perspectivas y mecanismos adecuados de gobernanza, participación y rendición de cuentas.

Sin cuidado no hay sostenibilidad

Los sistemas evaluativos operan cada vez más en contextos caracterizados por presión, aceleración y fatiga institucional. La sobrecarga organizacional afecta tanto a quienes producen evidencia como a quienes deben utilizarla. En estas condiciones, resulta difícil construir procesos genuinos de aprendizaje, reflexión y adaptación.

El cuidado no es un elemento accesorio. Constituye una infraestructura fundamental para la sostenibilidad institucional (Puig de la Bellacasa, 2017). Sin cuidado, la evaluación puede convertirse en una práctica extractiva: genera información, pero no necesariamente fortalece capacidades ni produce transformación.

La participación también corre ese riesgo cuando las personas son invitadas a contribuir sin disponer de tiempo, recursos o condiciones adecuadas para hacerlo de manera significativa. Cuidar los sistemas implica también cuidar a quienes participan en ellos.

Sin embargo, existe un riesgo creciente de interpretar el cuidado exclusivamente como una responsabilidad individual. El aumento de iniciativas centradas en el bienestar, la resiliencia o el autocuidado ha contribuido a visibilizar problemas reales, pero puede resultar insuficiente cuando las causas del malestar son principalmente organizacionales y no individuales.

Muchos de los desafíos que afectan hoy al bienestar de las personas tienen raíces sistémicas: estructuras excesivamente verticales, escasa rendición de cuentas de arriba hacia abajo, déficits de comunicación interna, asimetrías persistentes de poder, procesos de cambio mal gestionados, incertidumbre organizacional prolongada o culturas institucionales que privilegian la urgencia permanente sobre la reflexión y el aprendizaje. Estas dinámicas no solo afectan el bienestar de las personas; también reducen la capacidad de las organizaciones para aprender, innovar y adaptarse (Edmondson, 2019).

Desde esta perspectiva, el cuidado no puede limitarse a ayudar a las personas a adaptarse mejor a organizaciones disfuncionales. Debe incluir también la capacidad de las organizaciones para examinar críticamente sus propias dinámicas, identificar fuentes estructurales de desgaste y crear condiciones más saludables para la colaboración, el aprendizaje y la toma de decisiones.

La seguridad psicológica, entendida como la posibilidad de expresar dudas, errores, desacuerdos o ideas sin temor a represalias, constituye una condición esencial para que los sistemas puedan aprender de manera continua (Edmondson, 2019). Del mismo modo, las organizaciones que aprenden requieren espacios para la reflexión colectiva, la retroalimentación y el cuestionamiento de supuestos establecidos (Senge, 2006).

El desafío no consiste únicamente en promover el bienestar individual, sino en construir bienestar organizacional. En otras palabras, pasar de una lógica centrada en la resiliencia de las personas a una lógica centrada en la resiliencia de los sistemas.

Porque, en última instancia, los sistemas evaluativos sostenibles no dependen únicamente de individuos resilientes, sino de organizaciones capaces de cuidar, aprender y transformarse de manera continua.

Del individuo al sistema

Durante décadas, gran parte de los esfuerzos por fortalecer la evaluación se concentraron en la formación. La formación sigue siendo importante. Pero la evidencia acumulada muestra que los sistemas sólidos de evaluación requieren mucho más que capacitación individual (OECD, 2023; UNDP, 2021).

Durante demasiado tiempo hemos asumido que mejorar las capacidades de las personas conduciría automáticamente a mejores sistemas. Sin embargo, la experiencia acumulada sugiere que el conocimiento individual rara vez se traduce por sí solo en cambios institucionales sostenibles.

Las personas pueden aprender nuevas metodologías, enfoques o herramientas. Pero si las organizaciones carecen de incentivos para utilizar evidencia, si los liderazgos no la demandan, si los procesos de decisión permanecen desconectados del aprendizaje o si las estructuras institucionales dificultan la colaboración, gran parte de ese conocimiento termina infrautilizado.

Esta reflexión es coherente con la evolución reciente del desarrollo de capacidades en evaluación. Diversos marcos promovidos por UNEG y otros actores internacionales han señalado la necesidad de superar enfoques centrados exclusivamente en individuos para incorporar simultáneamente capacidades organizacionales y entornos habilitadores capaces de sostener el aprendizaje, el uso de evidencia y la toma de decisiones informada (Baser & Morgan, 2008; Preskill & Boyle, 2008; UNDP, 2021).

Hoy en día es necesario o se requiere marcos normativos, recursos estables, demanda institucional de evidencia, mecanismos de coordinación, capacidades organizacionales sostenidas, liderazgo y cultura institucional orientados al aprendizaje, y entornos habilitadores que favorezcan el uso de evidencia. La experiencia acumulada en América Latina confirma que los avances más significativos no han surgido únicamente de innovaciones metodológicas, sino de esfuerzos por fortalecer instituciones, construir capacidades colectivas y promover el uso sistemático de la evidencia en la toma de decisiones (Salas et al., 2022). Más aún, muchos de los avances más sostenibles han surgido de la creación de comunidades de práctica, redes de aprendizaje y sistemas nacionales de evaluación capaces de conectar múltiples actores alrededor de objetivos compartidos.

En última instancia, el desafío ya no consiste simplemente en formar mejores evaluadores. Consiste en construir organizaciones que aprendan mejor, instituciones que utilicen mejor la evidencia y sistemas que permitan transformar conocimiento en decisiones, adaptación y transformación. Porque la fortaleza de un sistema evaluativo no depende únicamente de cuánto saben sus individuos, sino de cuánto es capaz de aprender el sistema en su conjunto.

Conclusión: lo que realmente está en juego

Si observamos conjuntamente estas seis ideas, emerge una conclusión: los principales desafíos de la evaluación contemporánea son menos metodológicos de lo que solemos asumir.

Reimaginar la evaluación implica dejar de pensarla únicamente como una función técnica y comenzar a diseñarla como una infraestructura institucional para el aprendizaje, la deliberación y la transformación. Reimaginar la evaluación implica también democratizarla. No solamente para que más personas participen en las evaluaciones, sino para que más actores puedan influir en las preguntas formuladas, en las evidencias consideradas relevantes, en la interpretación de los hallazgos y en las decisiones que finalmente se adoptan. Porque, en última instancia, la evaluación no contribuye al cambio por los informes que produce, sino por las conversaciones que habilita, los aprendizajes que genera y las transformaciones colectivas que ayuda a movilizar.

La experiencia acumulada en América Latina durante las últimas décadas muestra que los avances más sostenibles en evaluación rara vez han surgido únicamente de innovaciones metodológicas. Han surgido, sobre todo, de esfuerzos por fortalecer instituciones, construir capacidades colectivas, promover el uso de la evidencia, consolidar comunidades de práctica y ampliar la participación de múltiples actores en los procesos de aprendizaje y decisión.

Vista desde esta perspectiva, la pregunta central ya no es cómo producir mejores evaluaciones. La pregunta es cómo construir sistemas que aprendan mejor; que sean capaces de conectar evidencia y decisión, donde se articule rendición de cuentas y aprendizaje; sistemas que combinen independencia y colaboración; que integren innovación, participación y gobernanza; y transformen información en inteligencia colectiva para la acción pública. Porque, al final, el desafío de la evaluación no consiste únicamente en producir conocimiento sobre el cambio. Consiste en contribuir a construir las condiciones para que personas, organizaciones y sociedades puedan aprender, adaptarse y transformarse de manera continua.

Preguntas para abrir el debate

• • • ¿Estamos diseñando evaluaciones, sistemas de evaluación o ecosistemas de evidencia, aprendizaje y decisión?
    • ¿Qué condiciones institucionales hacen posible que la evidencia influya realmente en las decisiones y no solo en los informes?
    • ¿Cómo construir formas de colaboración que fortalezcan simultáneamente la independencia, la credibilidad y la utilización de la evaluación?
    • ¿Cómo integrar enfoques transversales como género, equidad, derechos, participación o sostenibilidad sin generar nuevas fragmentaciones institucionales?
    • ¿Qué implica realmente redistribuir poder en evaluación y quién participa en la definición de las preguntas, la interpretación de la evidencia y el uso de los resultados?
    • ¿Cómo pasar de la participación como requisito procedimental a la participación como mecanismo de aprendizaje colectivo y transformación?
    • ¿Qué capacidades necesitan las organizaciones para aprender de manera continua y convertir evidencia en acción?
    • ¿Cómo construir sistemas capaces de aprender, adaptarse y tomar decisiones en contextos de creciente complejidad, incertidumbre y cambio?

 

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REFERENCIAS:

Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. Basic Books.

Bamberger, M., Vaessen, J., & Raimondo, E. (2019). Dealing with complexity in development evaluation. SAGE.

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Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. Intermediate Technology Publications.

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