por Linda Raftree
En la década de 2010, el mundo estaba alborotado sobre el potencial de las herramientas digitales para revolucionar y democratizar casi todo: SMS para los circuitos de retroalimentación comunitarios, teléfonos móviles para el periodismo ciudadano, datos abiertos para mejorar la transparencia y la responsabilidad, plataformas de redes sociales para que las personas se hicieran escuchar sin necesidad de ser parte de la élite, y redes sociales para que los movimientos sociales pudieran organizarse de manera resiliente a muy bajo costo.
Una década después, han sucedido cambios enormes que han beneficiado la participación. Sin embargo, como suele suceder, estos espacios también han sido apropiados y aprovechados por quienes buscan mantener su estatus y poder.
“Lo que no se evalúa no mejora”. Esta es una idea muy generalizada en el mundo de la evaluación educativa y, muy especialmente, en lo que a evaluación de los aprendizajes se refiere. No obstante, esta sentencia no resuelve los problemas de qué se evalúa, cómo se evalúa y quiénes evalúan.
¿Podemos decir que una evaluación es participativa si no incorpora la mirada de género? ¿Podemos evaluar desde el enfoque de género sin participación activa de los grupos implicados en el proceso evaluativo? ¿Incorporar una mirada inclusiva en la práctica evaluativa es dotarla de sentido político?
Durante los últimos quince años el discurso público en torno a políticas y programas de desarrollo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el protagonismo de la sociedad civil en las intervenciones a ella dirigidas. Conceptos tales como ‘participación’, ‘acompañamiento’, ‘perspectiva de los actores’, entre otros, resultan cada vez más frecuentes.
En 2016, nuestros caminos profesionales se cruzaron en Valencia, cuando Viola estaba acabando el Máster Europeo en Salud Pública (EuroPubHealth) y a punto de empezar su Doctorado en la Universidad de Sheffield (en Reino Unido) y Joan estaba trabajando como subdirector general de Promoción de la salud en la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.
El término “capitalización de experiencias” es usado cada vez con más frecuencia para referirnos al proceso por el cual un proyecto o programa, o una experiencia en particular, es descrito y analizado en detalle, resultando en lecciones que pueden ser compartidas y que pueden ser utilizadas para mejorar las intervenciones de desarrollo.
Una de mis principales preocupaciones metodológicas en el trabajo de planificación y evaluación con comunidades, especialmente rurales, ha sido la creación de espacios de trabajo en que las personas puedan sentir que realmente participan de manera cualificada y activa, independientemente de su formación académica.
Las experiencias de Evaluación Participativa valoran y validan las interpretaciones que tienen los actores participantes sobre los proyectos, políticas e intervenciones analizadas (Fetterman, 2005). Estas experiencias diseñan y construyen espacios para que, a través del dialogo con otros, se expresen las formas particulares y los conocimientos que tienen los actores sobre la realidad y de los problemas que enfrentan las intervenciones objeto de evaluación (Gil & Heras, 2010; Menéndez, Torralbo, & Luque, 2021; Paño, Rébola, & Suarez, 2019).
La “Evaluación Integradora” (EI) es un enfoque que mitiga el discurso polarizador integrando diversas perspectivas y/o hipótesis aparentemente contradictorias. Por otra parte, la evaluación participativa (EP) permite la incorporación de la perspectiva de la población sobre los procesos y resultados de políticas, programas y/o proyectos, limitando o evitando el sesgo tecnocrático.