por Julia Espinosa-Fajardo
En el camino hacia la consolidación de la evaluación, la Agenda 2030 nos ha dejado un mandato imperativo: “no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, cuando miramos de cerca las políticas públicas y los programas, nos damos cuenta de que no todas las necesidades sociales reciben la misma atención, que la implementación no llega por igual a todo el mundo y que sus impactos no siempre se distribuyen de manera equitativa.
De hecho, si no reparamos en las diferentes desigualdades entrelazadas que operan en cada contexto, las políticas y su propia evaluación tienden a reproducirlas y, en ocasiones, a reforzarlas. En este punto, resulta fundamental incorporar la interseccionalidad en la evaluación. ¿Qué trae este enfoque a nuestro campo? Esta pregunta es central para quienes entendemos la evaluación como una herramienta clave para la equidad y la justicia social.
A continuación, se comparten algunas reflexiones al respecto que son desarrollas, con mayor detalle, en el capítulo “Género e interseccionalidad en la evaluación de políticas públicas. Desarrollos teóricos e implicaciones prácticas” (Espinosa Fajardo, 2025).
La interseccionalidad en evaluación: rompiendo la idea del “sujeto universal”
A grandes rasgos, la interseccionalidad nos invita a dirigir la atención hacia la articulación entre las múltiples formas de discriminación (clase, género, origen étnico, estatus migratorio, orientación afectivo-sexual, discapacidad, etc.), entendiendo que no se trata de una mera suma de variables. Por el contrario, los múltiples ejes de desigualdad y discriminación se cruzan de manera simultánea, no lineal y dinámica (Crenshaw, 1989). En este sentido, la adopción de un enfoque interseccional supone cuestionar la idea de un sujeto universal y reconocer que el cruce entre estos ejes es complejo, reflejando privilegios y procesos de marginación que se producen de forma particular en cada contexto.
En el ámbito evaluativo, la interseccionalidad nos recuerda que las políticas públicas rara vez son neutrales: a menudo se diseñan y desarrollan desde enunciados y posiciones privilegiadas (de clase media, de mediana edad, masculinos, heterosexuales, occidentales, etc.). Asimismo, destaca que estas intervenciones no son experimentadas de la misma manera por todas las personas (Hankivsky y Jordan-Zachery, 2019). Por ende, incluir el enfoque interseccional implica desvelar cómo las políticas abordan e impactan en el cruce de las opresiones y los privilegios en la vida real de la gente.
La evaluación como un proceso político, democrático y orientado a la justicia social
Por otra parte, desde el enfoque de la interseccionalidad -como desde otros múltiples enfoques evaluativos- la evaluación no se comprende únicamente como un ejercicio técnico de rendición de cuentas, sino como un proceso profundamente político, democrático y orientado a la acción. Su puesta en práctica supone democratizar las relaciones en el seno de la evaluación, reconociendo el valor de la inclusión, la participación y la negociación entre las diferentes voces.
Desde este enfoque, se vuelve imperativo incorporar las experiencias y vivencias de aquellas poblaciones con menor presencia y tradicionalmente más excluidas. Además, se reconoce que la participación requiere una conciencia clara sobre las desiguales relaciones de poder en cada política y contexto social —las cuales marcan la priorización de los problemas—, así como sobre las resistencias que pueden emerger por parte de aquellos agentes contrarios al cambio estructural (Hankivsky y Jordan-Zachery, 2019; Hankivsky y Cormier, 2011).
La interacción entre desigualdades en el centro
A la par, la interseccionalidad en evaluación apuesta por generar un conocimiento útil para resolver problemas ligados a las discriminaciones múltiples. Para ello, se precisa una comprensión integral de cómo las desigualdades se formulan y moldean a través de las propias políticas (Hankivsky y Cormier, 2011).
Estas desigualdades reflejan complejas relaciones de poder y, lejos de constituir expresiones únicamente individuales, tienen una naturaleza estructural (Christoffersen y McCabe, 2024). Los sistemas de poder —marcados por procesos como el racismo, el clasismo, el heterosexismo, el capacitismo y el edadismo, entre otros— se entrelazan y manifiestan de diferente manera según el contexto geográfico, político o económico. El análisis de esta interacción entre estos sistemas debe estar presente en todas las fases de la evaluación, desde su acotación y encargo hasta la difusión y el uso de los resultados.
Múltiples modelos y abordajes metodológicos
Asimismo, la interseccionalidad implica entender que no existe un único modelo ni abordaje metodológico posible. Los diseños deben considerar las cuestiones críticas de cada contexto, analizando con lupa quiénes se benefician y quiénes son excluidos en los objetivos, prioridades y asignaciones de cada política (Hankivsky y Jordan-Zachery, 2019).
Para lograrlo, como ya mencionamos, es fundamental implicar a los agentes clave, dando voz activa en el proceso evaluativo a los grupos marginados. Igualmente, se requiere una apertura hacia lo invisibilizado, lo inesperado y lo no definido, prestando atención a las posibles resistencias frente a la transformación social (Bustelo, 2017). Esto ayuda a identificar de forma más precisa qué fuerzas se oponen a la equidad y cómo operan (Hancock, 2007).
En cuanto a abordajes metodológicos, existe un claro consenso sobre la pertinencia de los métodos mixtos y la necesidad de combinar técnicas cuantitativas y cualitativas de acuerdo con el propósito de la evaluación (ONU Mujeres, 2020; UNEG, 2024). Esta combinación metodológica permite captar cómo se transforman las desigualdades en toda su complejidad. Igualmente, se reafirma la centralidad de abrir espacios de participación que favorezcan la reflexión conjunta y reten las dinámicas de poder a lo largo de todo el ciclo evaluativo.
Estas son algunas reflexiones sobre qué trae la interseccionalidad a la evaluación. Su puesta en práctica requiere, entre otros elementos, de voluntad política, capacidad institucional, un posicionamiento crítico por parte de los equipos de evaluación y el avance en propuestas de evaluación que permitan aterrizar, en mayor medida, el enfoque de la interseccionalidad. Invitamos, desde aquí, a todas las personas que quieran unirse a abordar la interseccionalidad en evaluación e impulsar procesos que contribuyan en mayor medida a la equidad y la justicia social.
Referencias
Bustelo, María (2017). Evaluation from a Gender+ Perspective as a Key Element for (Re)gendering the Policymaking Process. Journal of Women, Politics & Policy, 38 (1), 84-101.
Christoffersen, Ashlee y McCabe, Leah (2024). Operationalising Intersectionality in Equality and Domestic Abuse Policy in Scotland: Contradictions, contestations and erasure. Critical Social Policy, 0(0).
Crenshaw, Kimberle (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 139-167.
Espinosa-Fajardo, Julia (2025). Género e interseccionalidad en la evaluación de políticas públicas. Desarrollos teóricos e implicaciones prácticas. En Daniel Catala-Pérez y Borja Colón de Carvajal Fibla (Coords.). Evaluación de políticas públicas en la era de las transformaciones: Hacia un nuevo paradigma en la toma de decisiones basada en evidencia (pp. 399-416). Editorial Aranzadi – La Ley.
Hankivsky, Olena y Cormier, Renee (2011). Intersectionality and Public Policy: Some Lessons from Existing Models. Political Research Quarterly, 64(1), 217-229.
Hancock, Ange-Marie (2007). When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition. Perspectives on Politics, 5, 63-79.
Hankivsky, Olena y Jordan-Zachery, Julia S. (eds.) (2019). The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy, Palgrave Macmillan.
ONU Mujeres (2020). Buenas prácticas en evaluaciones sensibles al género.
UNEG (2024) Integrating Human Rights and Gender Equality Perspectives in Evaluations in the UN System. Update of the 2014. UNEG.
