Compartimos hoy con la comunidad de EvalParticipativa un artículo de Leonardo Drazic (*), amigo y colega de la Universidad Nacional de San Juan, quien ha apoyado a esta iniciativa desde distintos frentes y desde su inicio. Leo nos hace llegar una reflexión que consideramos un marco relevante para el acercamiento que proponemos a la evaluación participativa, uno que tiene en su centro el ideal democrático y la relevancia de la ciudadanía como razón de ser de la dimensión política de toda evaluación. Un énfasis particular brinda al sistema de educación superior, así como a su necesaria articulación con la realidad a distintos niveles.

Toda sociedad marcada intensamente por sucesivas “crisis”, se caracteriza por estar atravesada constantemente por antecedentes de rupturas de los contratos sociales básicos, ya sean de carácter económico, político o jurídico. El cuestionamiento a la institucionalidad política representa en buena parte de los países de América Latina y el Caribe, uno de los momentos de mayor descrédito. Existe un rechazo manifiesto por parte de la opinión pública en general, hacia la clase dirigente actual, pasada y futura. Ello habla de una falta de confianza en torno a los representantes de la vida política, y, sobre todo, hacia los mecanismos instituidos por el sistema democrático para llevar adelante la organización de la actividad pública.

Ahora bien, parte del origen de tamaña incertidumbre, tiene su fundamento primario en una “crisis” de participación ciudadana, la cual debería ser un instrumento apto para mejorar las condiciones de vida de la población. La toma de decisiones de un Estado burocrático, ajeno a los ciudadanos, regularmente desestima las oportunidades de control que la sociedad civil debe ejercer hacia el mandato público. En tal caso, nos encontramos con una democracia a medias. La democracia aparece siempre como el modelo elegido mayoritariamente por la humanidad para promover una sociedad más justa y una distribución de los ingresos más igualitaria. Sin embargo, avanzar en esta dirección implica un rediseño profundo en la organización del accionar del Estado (Klilksberg, 2006: 820).

Para abrir plenamente el rol que debe ejercer la ciudadanía, es necesario crear transparencia de los actos públicos, desburocratizar, favorecer todas las formas de cogestión de los ciudadanos y activar instituciones de participación permanente (Brugué, 2009: 55).

Para ello se requiere promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de mecanismos institucionales. Garantizar las oportunidades para que la sociedad civil pueda intervenir en la definición del destino colectivo, debe ser una obligación ineludible e indelegable del Estado. La integración permanente de la sociedad en todas las instancias formales que habilitan la definición de la agenda pública, es una tarea que no puede quedar librada a un reducido grupo de actores económicos, ni a la puja del mercado.

Se entiende a la participación ciudadana como una construcción social e histórica que se sustenta en base a valores, a la garantía de derechos y obligaciones, con un Estado capaz de instrumentar políticas inclusivas. Por esta vía, las organizaciones gubernamentales, deben impulsar el debate público, aportando canales de información y espacios de consulta que conduzcan a una gestión pública más efectiva, innovadora, responsable y que atienda de manera integral a las necesidades básicas de la sociedad (Ramírez y Dassen, 2012: 51). La participación ciudadana debe encontrarse bajo la consideración de los diferentes niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) como un derecho efectivo, y su marco legal estar expresamente definido más allá de cualquier alternancia política.

La educación en general y las instituciones que componen el sistema de educación superior en particular, deben asumir un claro compromiso con la sociedad como generadoras y transmisoras del conocimiento. La educación como instancia democratizadora y como espacio abierto para el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y comprometidos con la realidad local, nacional e internacional, es la base para construir naciones soberanas, independientes y justas.

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