por Angie Pereira Calvo

Reconocer el carácter político de la evaluación abre una puerta transformadora: la posibilidad de convertirla en una herramienta de democratización. Cuando reconocemos que la evaluación tiene un papel político, asumimos su capacidad para desafiar narrativas y visibilizar realidades. Se trata de expandir nuestra comprensión sobre qué constituye evidencia válida y quién tiene derecho a producirla.

Asumir que la evaluación tiene un papel político significa que puede cuestionar relatos oficiales, visibilizar injusticias y contribuir a democratizar la acción pública. Pero esto exige ir más allá de los formatos técnicos tradicionales: ¿qué voces incorporamos?, ¿a quién se dirige el informe?, ¿qué legitimidad construimos desde abajo?

¿Qué voces incorporamos?

Esta pregunta es ética y política. Incorporar únicamente a beneficiarios o usuarios finales contribuye con la lógica extractiva donde las comunidades son objeto de estudio, en lugar de concebirlas como sujetos de conocimiento. Es necesario reconocer que las personas poseen conocimientos expertos sobre su propia realidad. Sus saberes, experiencias, estrategias de supervivencia y análisis son evidencia fundamental para comprender el impacto real de las intervenciones.

Una evaluación democrática debe hacer un ejercicio deliberado de amplificación de voces históricamente silenciadas: mujeres en contextos patriarcales, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, migrantes, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores. Esto implica ir más allá de consultas superficiales, abordando las tensiones que inevitablemente surgen. Cuando diferentes actores tienen interpretaciones divergentes sobre los mismos fenómenos, la evaluación debe buscar hacer explícitos esos disensos para comprender la complejidad de los procesos sociales.

Además, es fundamental considerar las voces de quienes implementan las políticas a nivel territorial: funcionarios públicos locales, organizaciones sociales ejecutoras, líderes comunitarios. Estos actores a menudo desarrollan adaptaciones creativas e informales que pueden ser más efectivas que los diseños originales, pero que raramente se documentan o sistematizan.

¿A quién se dirige el informe?

Los informes de evaluación tradicionalmente se dirigen desde una lógica vertical, desde abajo hacia arriba, es decir, hacia los tomadores de decisión, donantes e instituciones. Esta orientación vertical reproduce relaciones de poder donde el conocimiento fluye desde las bases hacia las élites, pero raramente regresa de manera útil y comprensible para quienes aportaron la información primaria. Y, en pocas ocasiones, se socializan los hallazgos y recomendaciones de manera horizontal, entre los usuarios del programa evaluado y miembros del equipo ejecutor.

Si la evaluación aspira a democratizar la acción pública, debe comunicarse de manera horizontal, incluso hacia abajo, llegando a quienes más necesitan esta información para fortalecer sus estrategias organizativas y proponer alternativas desde sus territorios y experiencias, habilitando que la rendición de cuentas fluya en todos los niveles: comunidad, organización y entidades de apoyo del proyecto.

Esto requiere una revolución en los formatos y lenguajes evaluativos. Diversificar audiencias va más allá de “traducir” los mismos contenidos a diferentes formatos. Implica reconocer que distintos actores necesitan diferentes tipos de información para sus propósitos específicos. Cuando las comunidades acceden a datos sistematizados sobre su realidad, se fortalece su capacidad de incidencia política y se genera un círculo virtuoso de apropiación del conocimiento evaluativo. Se pueden usar estos datos para solicitar cuentas a sus representantes, para diseñar propuestas alternativas, para articularse.

También es crucial considerar a los medios de comunicación —y las redes sociales— como audiencia estratégica. Los hallazgos evaluativos pueden generar debates y crear presión social para cambios en la política pública.

¿Qué legitimidad construimos desde abajo?

La legitimidad de la evaluación debe construirse desde la relevancia social, la utilidad práctica y el reconocimiento comunitario. Una evaluación es legítima cuando las personas se reconocen en sus hallazgos, cuando aporta elementos útiles para la cotidianidad y cuando contribuye a visibilizar sus demandas. Esta legitimidad “desde abajo” se construye a través del diálogo sostenido, la transparencia metodológica adaptada a diferentes audiencias, y el compromiso con el seguimiento y uso de los hallazgos evaluativos en procesos de incidencia y transformación social.

Construir legitimidad significa expandir nuestros criterios de rigor para incluir la pertinencia cultural, la resonancia experiencial y la utilidad transformadora. Una evaluación puede ser metodológicamente impecable, pero carecer de legitimidad social si no conecta con las preocupaciones y prioridades de las comunidades.

La legitimidad también se construye a través de la reciprocidad. Debe haber un retorno tangible: fortalecimiento de capacidades locales, apoyo a procesos organizativos, conexión con redes más amplias, incidencia efectiva en las políticas y programas.

Las VOPEs como Actores de Gobernanza Democrática

Las Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPEs) tienen el desafío de reinventarse para ser más que articuladoras técnicas o espacios de intercambio profesional. Deben convertirse en actores activos de la gobernanza democrática, facilitando procesos de coproducción de conocimiento que conecten experiencia técnica con saberes populares.
Es imperativo asumir un rol de intermediación crítica: traducir entre diferentes lenguajes y lógicas, facilitar encuentros entre actores diversos, y crear puentes entre evidencia evaluativa y acción política transformadora. Las VOPEs pueden convertirse en espacios de confluencia donde académicos, funcionarios, líderes sociales y ciudadanía organizada construyan agendas comunes de evaluación y cambio social.

Para asumir este papel, las VOPEs necesitan transformarse. Deben democratizar sus propias estructuras de gobernanza, incorporando representación de organizaciones sociales y comunidades. Sus eventos y publicaciones deben ser accesibles también para actores diversos del ecosistema de políticas públicas.

Las VOPEs también pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de capacidades evaluativas en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. En lugar de mantener la evaluación como un conocimiento especializado, pueden promover procesos de transferencia metodológica que permitan a las comunidades desarrollar sus propias capacidades de sistematización, análisis y propuesta.

Las VOPEs pueden convertirse en espacios de resistencia epistemológica, legitimando y visibilizando metodologías participativas, saberes locales e innovaciones evaluativas que emergen desde los territorios. Pueden documentar y sistematizar experiencias de evaluación comunitaria, crear redes de intercambio horizontal y generar publicaciones que circulen por fuera de los circuitos académicos tradicionales.

El rol político de las VOPEs también implica tomar posiciones públicas sobre temas de justicia social y democratización. No pueden mantenerse en una falsa neutralidad técnica cuando las políticas que evalúan tienen impactos diferenciados sobre grupos poblacionales. Deben usar su expertise para contribuir a debates públicos sobre equidad, participación y transparencia.

Hacia una Evaluación Transformadora

Como nos recuerda Joan Subirats (2011), gobernar también es escuchar, interpretar y dialogar con el conflicto. La evaluación participativa encarna esta comprensión dialógica de la gobernanza. No busca eliminar tensiones o conflictos, sino hacerlos explícitos para abordarlos y desde su resolución construir políticas más justas y democráticas. La evaluación se convierte en un espacio privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía activa, donde diferentes actores pueden confrontar sus perspectivas, construir acuerdos provisionales y diseñar estrategias colectivas de transformación social.

La evaluación participativa, más que una metodología o enfoque, es una apuesta política por democratizar el conocimiento y la acción pública. Requiere valentía para cuestionar estructuras de poder, creatividad para inventar nuevas formas de producir y comunicar conocimiento, y compromiso sostenido con los procesos de transformación social.

Implementar esta visión transformadora de la evaluación implica desafíos concretos:

Primero, se requieren nuevas competencias profesionales: quienes evaluamos debemos desarrollar habilidades de facilitación, comunicación intercultural, mediación de conflictos y construcción de consensos. Además de dominar técnicas de investigación, se necesitan capacidades para navegar procesos sociales complejos y políticamente sensibles.

Segundo, demanda cambios institucionales. Las organizaciones que financian y comisionan evaluaciones deben estar dispuestas a invertir más tiempo y recursos en procesos participativos. Los criterios de calidad evaluativa deben expandirse para incluir indicadores de participación, apropiación comunitaria y utilización práctica de los hallazgos.

Tercero, requiere nuevos marcos éticos. Los códigos de conducta profesional deben abordar dilemas específicos de la evaluación participativa: ¿cómo manejar conflictos de interés cuando los evaluadores se comprometen con causas sociales específicas?, ¿cómo equilibrar demandas de rigor metodológico con imperativos de relevancia social?, ¿cómo proteger a participantes vulnerables en contextos políticamente sensibles?

Cuarto, necesita articulación con movimientos sociales más amplios. La evaluación participativa no puede desarrollarse en aislamiento académico o técnico. Debe conectarse con luchas por la democratización y los derechos humanos. Quienes evaluamos debemos reconocer que nuestro trabajo se inscribe en dinámicas más amplias de poder y transformación social.

El desafío está planteado: ¿estamos dispuestos a asumir este papel transformador de la evaluación? La respuesta definirá si la evaluación seguirá siendo una herramienta de legitimación del status quo o se convertirá en una práctica liberadora. Esta transformación es profundamente política y cultural. Requiere re-imaginar cómo evaluamos, para qué y con quiénes lo hacemos.

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