por Julia Espinosa Fajardo

La evaluación participativa parte de poner a las personas y sus necesidades diversas en el centro de los procesos evaluativos y, por ende, de los programas y políticas públicas. Con la inclusión activa de las diferentes voces a lo largo de todo el ejercicio evaluativo, posibilita un espacio para evidenciar la vulneración de derechos, los procesos de exclusión social y las desigualdades estructurales presentes en cada contexto.

En este sentido, se conforma como una oportunidad para hacer visibles las diferentes situaciones de discriminación y vulnerabilidad, así como avanzar hacia acciones públicas que se hagan en mayor medida eco de estas realidades y tengan más poder transformador. De este modo, la participación en evaluación se presenta como un proceso clave para avanzar en la profundización democrática, en el disfrute de derechos y hacerlo sin dejar a nadie atrás.

¿Qué nos muestra EvalParticipativa de la experiencia latinoamericana a este respecto? ¿Cómo podemos impulsar prácticas evaluativas con impacto en derechos, inclusión y equidad? ¿Cuáles son los desafíos existentes en la región?

Las prácticas evaluativas, implicadas en la iniciativa EvalParticipativa, reconocen este potencial transformador de la evaluación participativa. De cara a avanzar hacia evaluaciones que impacten en derechos, inclusión y equidad, estas subrayan la necesidad de reconocer que los actores implicados en la evaluación son sujetos de derecho frente a su visualización como objetos de intervención, protección o simples beneficiarios. La participación conecta con la función democrática de la evaluación de las políticas públicas (Plottu & Plottu, 2009; Cornwall, 2008; Monnier & Conan, 1995) y se reconoce a las personas como seres habilitados para la palabra y el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la autonomía, reconociéndolos portadores de sus propios intereses, expectativas y prioridades. Por consiguiente, la apuesta por la participación se vincula con la implicación activa de los diferentes actores a lo largo de todo el proceso evaluativo, desde su diseño a la difusión de resultados (Sanz et al., 2019). Dicha implicación conlleva que quienes tomen la decisión de realizar una evaluación participativa deben asumir que ello supone compartir la toma de decisiones sobre todo el proceso evaluativo, lo que no es otra cosa que una cesión de poder. Junto a esto, entender a los participantes como sujeto de derechos implica reconocer también las responsabilidades que determina esta condición.

Una particular preocupación en América Latina apunta a despegar a la evaluación participativa de visiones meramente “tecnicistas”, las que tienden a equiparar todo el enfoque y su propósito con las meras técnicas animadoras de la participación. En estos casos, la evaluación corre el riesgo de convertirse en un mero simulacro simbólico al no apostar por hacer frente al status quo y redistribuir el poder (Chambers, 2003).

Inclusive, la ausencia de estas técnicas puede resultar positiva si con el uso de estas se buscan alternativas “divertidas” para imponer contenidos y orientar el esfuerzo evaluativo simulando sumar, pero sin hacerlo efectivamente, la perspectiva de los actores locales. En todo caso, las técnicas, los talleres o los juegos sí son partes centrales y muy relevantes de los procesos participativos. A través de ellas, se efectiviza el quehacer colectivo de “hacer juntos” y se “pone el cuerpo” (y no sólo el pensamiento) en la dinámica de aprendizaje. Este “poner el cuerpo”, por otra parte, constituye un rasgo fuertemente latinoamericano, pocas veces valorado en modelos de evaluación propuestos desde lógicas ajenas.

La participación, por lo tanto, es entendida como un proceso que ha de ser empoderante y transformador. La consideración y atención a la diversidad de posiciones y visiones en el proceso evaluativo debe ir ligada al empoderamiento de actores y la transformación de las relaciones de poder. Para ello, resulta crucial reconocer las situaciones de discriminación (en ocasiones, múltiples y entrecruzadas) e impulsar el reconocimiento de la diversidad de saberes, la reflexión crítica, la negociación, la búsqueda de consenso, la flexibilidad y la creatividad.

Ahora bien, el avance hacia prácticas evaluativas con impacto en derechos, inclusión y equidad hace frente a diferentes desafíos en la región. Por un lado, la cultura y política de evaluación de las instituciones públicas latinoamericanas suelen optar por modelos clásicos de evaluación, cuestionar la pertinencia de la participación en evaluación y, cuando la incluyen, hacerlo de forma simbólica. Por otro lado, en la práctica evaluativa no siempre es posible ni pertinente el desarrollo de una propuesta participativa de máximos. Aunque esta pueda ser un objetivo a largo plazo, en muchas ocasiones, el nivel de participación que puede impulsarse depende del programa, el contexto específico y del equipo evaluador, entre otros elementos.

En relación con esto, resulta siempre central valorar quién participa, cómo participa, en qué actividad, cuál es el potencial real de participación en cada caso concreto y cómo seguir promoviéndola para asegurar el disfrute de los derechos humanos, la inclusión y la equidad. A este respecto, es fundamental un compromiso activo por parte de las instituciones públicas, así como atender a cómo los diferentes factores de desigualdad -como el nivel socioeconómico, el género, el origen étnico, la edad, entre otros- se interrelacionan en cada programa o política concreta y también en la propia evaluación.