INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Aprendizajes desde el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

por Karen Azucena Hernández González

Esta reflexión tiene como principal fuente de información mi experiencia como analista y consultora en el proceso de evaluación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PBPDP), realizada durante su primer año de ejecución en 2018. Este es un programa social en México que atiende a la población con discapacidad entre los 0 y los 29 años, a personas indígenas afromexicanas de 30 a 64 años de edad y a personas con alto y muy alto grado de marginación (ROP, 2021).

Al ser parte del equipo de evaluación como jóven evaluadora, pude conocer el programa, hacer trabajo de campo y contribuir a su respectivo análisis. Si bien no era una solicitud explícita de los términos de referencia del trabajo, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional, pude identificar espacios necesarios para explorar en profundidad el problema y la contribución del programa a su solución.

Una evaluación de desempeño singular

La evaluación del Programa PBPDP fue una evaluación de desempeño externa, en la que se evaluó el diseño y algunos de los procesos operativos del programa. La evaluación de desempeño toma en cuenta lo establecido en un proceso de planeación para analizar luego el proceso de gestión y la obtención de determinados resultados. La evaluación de PBPDP, adoptando una metodología cualitativa, combinó una mirada exploratoria del diseño del programa con trabajo de campo para analizar su implementación. La evaluación se basó en la solicitud de CONEVAL, ya que, en tanto evaluación transversal, ayudó al programa a identificar los aspectos susceptibles de mejora y aplicarlos en la documentación del año 2020.

Volviendo a mi experiencia, identifiqué que uno de los momentos fundamentales del proceso del diseño del programa, y en donde se registraron más debilidades, tenía que ver con el diagnóstico. Esto tuvo que ver con los sesgos presentes durante el levantamiento de información y diagnóstico del programa. Es por ello que la evaluación, al atender un problema complejo en materia de desarrollo social orientado a cerrar brechas de desigualdad, debió incorporar un enfoque de discapacidad, género, interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos para poder comprender el escenario y desempeño de la intervención.

Un caso, para fijar la idea

Recuerdo que, durante el trabajo de campo, conocimos el caso de Luis, un hombre de 60 años. Por su comportamiento y por los antecedentes que nos informaron, parecía tener una discapacidad psicosocial, dadas sus dificultades para comunicarse y desarrollarse plenamente en el espacio comunitario. Luis es habitante de una localidad rural categorizada como pobreza extrema (CONEVAL 2020), localizada en el municipio de Cuetzalan, Puebla. Luis es cuidado por su hermano y su cuñada. Ellos no sabían exactamente qué “enfermedad” tenía, ya que nunca lo habían atendido en un centro de salud, solo sabían que estaba enfermo.

Este ejemplo evidencia el estado de desconocimiento, las barreras culturales y la falta de atención a la salud y el bienestar de las personas con discapacidad. Esto tiene mucho que ver con la carencia y la marginación que les coloca en una situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, arraiga las brechas de desigualdad al enfrentarse a la falta de acceso a los servicios básicos de salud, educación y cuidado, asociado también a situación de estigmatización, lo que los mantiene en una situación de marginación social. El caso de Luis es por tanto un claro ejemplo de la complejidad que vive la población objeto de la intervención analizada.

Si lo analizamos desde un enfoque de discapacidad, permite explorar las características interseccionales de la población con discapacidad, considerando el tipo de discapacidad, el género, la edad, su estatus socioeconómico, el lugar en donde habita, si es una persona indígena, etc.  Contemplar estas intersecciones es importante cuando se busca proteger los derechos individuales y colectivos de las personas. Resulta de especial relevancia cuando el programa evaluado atiende a diversos grupos etarios, mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad e indígenas que viven en zonas de alta marginación, así como a personas hablantes de lengua indígena y personas afromexicanas.

Por ello, era imprescindible conocer y teorizar el problema y sus impactos en la vida de las personas con discapacidad incluyendo el enfoque de participación, que propone integrar a las “personas involucradas que están relacionados (directa o indirectamente) con el proyecto o con la evaluación” (Mideplan, Focelac, Conapdis, 2019) y que -por supuesto- deben proporcionar su punto de vista desde su experiencia de vida.

Dicho enfoque, además, debe ser intercultural “para garantizar el reconocimiento, la sensibilidad y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores” (CUSCO, Defensoría del Pueblo, Red de Género e Interculturalidad, s/f.). En base a estas ideas es que, a la hora de enfocar la evaluación, fue necesario conocer la voz de las personas afectadas, de aquellas que brindan atención a las personas con discapacidad, así como la de aquellas que operan el programa y las que toman decisiones, además de las que realizan las tareas de cuidado de personas con discapacidad. Conocer esta realidad desde una perspectiva de género y intercultural es clave en tanto “la dimensión cultural del problema […] obliga a fijarse en el detalle, en el contexto, en las relaciones de poder, en el sistema patriarcal de la organización social […] y en la búsqueda de evidencias culturalmente situadas” (FIMI,2013:7).

Desde mi punto de vista, aunque el programa menciona -entre líneas- que explora estas diferencias, sin duda no habían sido totalmente consideradas en la metodología de la intervención, mucho menos en la creación de instancias de participación. Como aspecto destacable de la evaluación, se sugirió que las principales áreas de mejora se relacionaban con la construcción y entendimiento del problema, empezando por la claridad en la definición de discapacidad permanente y discapacidad evidente.

Además, la necesidad de una clasificación adecuada de la población objetivo, basada en evidencias, ya que las personas operarias del programa no contaban con la claridad para definir quién era una persona con discapacidad evidente, confundiendo una incapacidad con discapacidad. Tampoco se contaba con información desagregada para identificar a personas con discapacidad de ascendencia afroamericana o indígena, por lo que no era posible medir brechas de desigualdad, entre otros detalles que se pueden encontrar en la evaluación de diseño con trabajo de campo realizada solicitada por CONEVAL.

Aprendizajes

Finalmente, considero que las personas evaluadoras tienen una ventaja en la  incorporación de la participación de actores sociales claves, a saber: (1) para reconocer las estrategias cotidianas de las personas para adaptarse al mundo y (2) para incorporar estas estrategias en la solución del problema, lo que permitirá conocer si la intervención está contribuyendo a su propósito y en qué medida tiene impactos en la vida de la gente. Por otro lado, la complejidad de las situación de las personas con discapacidad en su interacción social representa un importante desafío y es necesario tomar en cuenta los riesgos y las necesidades metodológicas que representa. En este caso encontramos qué las personas auxiliares -que cuidan a PcD- son  mujeres, por lo que adoptar una perspectiva de género es central en las evaluaciones futuras.

Referencias

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