El rol de la evaluación participativa en contextos de polarización en América Latina

Por Leopoldo Font

En un momento crucial para Uruguay (mi país) y la región, la reflexión sobre el papel de la evaluación participativa adquiere una relevancia particular. Las herramientas de evaluación, con sus fortalezas y limitaciones, ofrecen una oportunidad única para enfrentar los desafíos actuales de manera efectiva y sostenible. Por un lado, estas herramientas pueden ayudar a reducir la polarización, fomentar la colaboración y promover soluciones más inclusivas; por otro, requieren recursos significativos y enfrentan el riesgo de sesgos en su implementación.

Este artículo, basado en mi publicación en La Diaria, busca conectar las ideas centrales desarrolladas en dicho texto con la perspectiva participativa y transformadora que caracteriza a la comunidad de práctica y aprendizaje EvalParticipativa. Así, se explora cómo estas herramientas pueden actuar como un catalizador para superar divisiones, construir puentes entre diversos sectores y promover un desarrollo más justo y equitativo.

Es fundamental, en este punto, detenernos a analizar el balance de las herramientas participativas, tal como se ilustra en la Figura 1. Esta figura nos presenta un diagrama comparativo entre los beneficios y los desafíos que conlleva la implementación de este tipo de evaluaciones en el ámbito de las políticas públicas. En escenarios de polarización, como los que enfrentamos en América Latina, la Figura 1 nos presenta una serie de ventajas que resaltan el potencial transformador de las herramientas participativas. La capacidad de reducir la polarización, fomentando el diálogo y el entendimiento mutuo, se presenta como un pilar central. Además, la imagen destaca cómo la evaluación participativa puede fomentar la colaboración entre diversos actores, generando espacios para la construcción conjunta de soluciones. Asimismo, se resalta el potencial de estas herramientas para mejorar la efectividad de las políticas, al incorporar las experiencias y conocimientos de las personas directamente afectadas. ¿Cómo podríamos aprovechar al máximo estos beneficios en nuestros contextos latinoamericanos, caracterizados por la polarización política y social?

Sin embargo, como también se evidencia en la Figura 1, no podemos obviar los desafíos y limitaciones que, de no ser gestionados correctamente, podrían sabotear el potencial de la evaluación participativa. En el lado derecho del diagrama, bajo el título ‘contras’, advertimos sobre la resistencia potencial al cambio que puede surgir entre algunos actores, la naturaleza intensiva en recursos de estos procesos, la complejidad en la implementación de metodologías participativas y la posibilidad de que se introduzca un riesgo de sesgo en las conclusiones. Adicionalmente, la figura señala la propensión de algunos procesos a tener un enfoque a corto plazo, lo cual puede limitar su potencial transformador. Estos desafíos, representados visualmente en la imagen, nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos mitigar los riesgos y garantizar que los procesos participativos sean, dentro de lo posible, de lo más efectivos. ¿Qué estrategias concretas podemos utilizar para transformar estos desafíos en oportunidades de mejora? En resumen, la Figura 1 nos ofrece una visión panorámica de las oportunidades y los retos que debemos afrontar al implementar evaluaciones participativas en nuestras políticas públicas.

Por otro lado, vale la pena mencionar que dicho artículo fue escrito en octubre de 2024, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México aún mantenía cierta estabilidad institucional. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el Senado mexicano aprobó una reforma que disolvió oficialmente al CONEVAL, transfiriendo sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta medida, que parte de una reforma para optimizar recursos y evitar duplicidades, ha generado preocupaciones, incluyéndome entre quienes han alzado su voz para defender la independencia técnica de este organismo.

Como un referente clave para América Latina, el CONEVAL ha demostrado cómo la evaluación puede transformar vidas al mejorar las políticas públicas, al mismo tiempo que asegura la estabilidad institucional y fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que son esenciales para mantener su credibilidad y efectividad. El debilitamiento de CONEVAL no solo afecta a México, sino que envía una señal preocupante para la región sobre los riesgos de integrar funciones evaluadoras bajo estructuras gubernamentales que puedan comprometer su autonomía.

La experiencia mexicana destaca los riesgos asociados a la pérdida de autonomía institucional en organismos evaluadores y subraya la necesidad de proteger estas capacidades fundamentales para garantizar la independencia, la estabilidad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares esenciales en cualquier sistema de evaluación robusto. En este sentido, el caso CONEVAL se convierte en un llamado de atención para América Latina sobre la importancia de preservar la independencia en los procesos evaluativos, como lo refleja la siguiente comparación en la Figura 2.Esta figura nos presenta un contraste entre dos posibles estructuras para la evaluación de políticas públicas: un modelo con un CONEVAL independiente y otro con una integración gubernamental. El lado izquierdo de la imagen resalta las fortalezas de un CONEVAL independiente, indicando que esta estructura parece facilitar la estabilidad institucional y la transparencia en los procesos de evaluación. Al tener autonomía, un organismo evaluador debería poder analizar las políticas públicas con mayor objetividad y sin presiones indebidas. ¿Cómo influye esta autonomía en la calidad de la evaluación y en la confianza de la ciudadanía en los resultados?

Por otro lado, la Figura 2 también nos presenta un modelo con una integración gubernamental, advirtiendo sobre el riesgo de comprometer la transparencia y la rendición de cuentas. Al subordinar la función evaluadora a las estructuras gubernamentales, existe el riesgo de que las evaluaciones se vean sesgadas por intereses políticos o partidarios. ¿Cómo podemos evitar que la evaluación de políticas públicas se convierta en una herramienta para justificar acciones gubernamentales en lugar de mejorar la calidad de las políticas? La Figura 2, en resumen, nos ilustra visualmente la importancia de salvaguardar la autonomía de los organismos evaluadores para intentar asegurar procesos transparentes, creíbles y efectivos.

Evaluación en contextos de polarización

La evaluación no es un ejercicio técnico aislado; es una práctica profundamente política y social. En sociedades marcadas por la polarización, como muchas de las de nuestra región, fomentar una cultura de evaluación implica un desafío político significativo. Los gobiernos enfrentan barreras para admitir falencias en sus políticas, dado el riesgo de que estos hallazgos sean instrumentalizados por opositores políticos y mediáticos para debilitar su legitimidad. En este contexto, incluso las personas funcionarias más comprometidas con la transparencia pueden temer las consecuencias políticas de exponer resultados que revelen errores o ineficiencias.

¿Es posible fomentar una cultura de evaluación en estos escenarios? Aunque el contexto polarizado presenta serias limitaciones, avanzar hacia la creación de entidades de evaluación independientes, con mandatos claros de autonomía y transparencia, puede ser una herramienta fundamental para generar confianza en los procesos evaluativos. Sin embargo, estas entidades no deben ser vistas como una solución suficiente, sino como parte de un enfoque más amplio que fomente espacios de diálogo constructivo y aprendizaje compartido entre todos los sectores de la sociedad.

Facilitar puntos de encuentro y promover un diálogo honesto sobre las fortalezas y debilidades de las políticas públicas son pasos necesarios para superar las dinámicas polarizadas. Este enfoque encuentra eco en los principios de la evaluación participativa, donde las comunidades y otros actores clave no son solo sujetos de las políticas, sino también protagonistas de su análisis y mejora. En este sentido, más que pretender eliminar las tensiones políticas, se trata de construir capacidades para gestionar el desacuerdo y promover una evaluación que no sea vista como una herramienta de ataque, sino como una oportunidad de mejora colectiva.

Las dinámicas que adopta la evaluación en contextos polarizados son diversas y complejas, como se representa en la Figura 3. En esta figura, podemos observar un gráfico de cuatro cuadrantes que cruzan dos ejes: participación y transparencia. En el cuadrante superior izquierdo, se presenta un escenario de diálogo constructivo en la gestión pública, donde existe alta participación, pero baja transparencia. ¿Cómo podemos fomentar espacios de diálogo constructivo en donde la participación de diversos actores sea activa y genuina?En el cuadrante superior derecho, encontramos espacios independientes para la evaluación, donde se combinan alta participación y alta transparencia. En este caso, se logra un mayor control sobre los sesgos de la evaluación y se promueve un mayor nivel de confianza en sus resultados. ¿Por qué es fundamental contar con espacios independientes para la evaluación en contextos de polarización?

En el cuadrante inferior izquierdo, se muestra un escenario de barreras gubernamentales a la transparencia, donde tanto la participación como la transparencia son bajas. Esta situación es preocupante ya que impide un análisis crítico de las políticas públicas y limita la posibilidad de que los resultados de la evaluación se traduzcan en mejoras concretas. ¿Cómo podemos superar las barreras que impiden una evaluación transparente y participativa?

Finalmente, en el cuadrante inferior derecho, se presenta un escenario de iniciativas de evaluación adaptativa, donde se intenta mantener un equilibrio entre baja participación y alta transparencia. Aunque no logra la participación óptima, este tipo de iniciativas demuestran la posibilidad de adaptarse a los contextos adversos. ¿Qué estrategias de evaluación adaptativa podemos implementar cuando la participación no es posible o resulta limitada? En resumen, la Figura 3 nos invita a analizar los diversos escenarios de evaluación en contextos polarizados, y nos plantea el desafío de transformar aquellas dinámicas que limitan la efectividad de las evaluaciones.

La calidad democrática como horizonte

Una democracia sólida no solo exige instituciones transparentes y responsables, sino también procesos que permitan a la ciudadanía conocer, participar y exigir rendición de cuentas. Desde la perspectiva de EvalParticipativa, este aspecto es crucial: si bien la evaluación participativa representa un paso hacia la democratización de las instituciones, es importante reconocer sus limitaciones en contextos donde las democracias aún son frágiles.

El caso de San Francisco Huilango, en Tochimilco, Puebla (México), ilustra el potencial y los desafíos de este enfoque. Allí, un modelo de gestión comunitaria del agua, basado en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), promovió la participación activa de las y los habitantes en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento y la calidad del agua. Este proceso permitió identificar y resolver problemas locales con una perspectiva participativa. Sin embargo, también destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades rurales y de garantizar su reconocimiento político e institucional para consolidar estos avances (Tomé Hernández y Villarreal Manzo, 2023).

En este sentido, la evaluación participativa no debe ser vista como una solución única o inmediata a los desafíos de la calidad democrática, sino como un componente esencial dentro de un esfuerzo más amplio para empoderar a las comunidades y reforzar los procesos democráticos. Este enfoque tiene el potencial de profundizar la democracia al involucrar a las personas en los procesos de decisión, reflexión y mejora, pero requiere compromiso político y apoyo institucional para generar un impacto sostenible y significativo.

La Figura 4 nos presenta una metáfora visual del camino hacia una democracia sólida a través del fortalecimiento de la gestión comunitaria. En esta imagen, vemos un puente que se extiende sobre un vacío, conectando dos orillas. En la orilla izquierda, se encuentran procesos democráticos frágiles, mientras que en la orilla derecha vemos comunidades empoderadas con una democracia sólida. Este vacío representa los desafíos que debemos superar para lograr una democracia más fuerte y participativa. El texto central de la imagen, “Implementar un modelo de gestión del agua participativa”, nos indica que la gestión comunitaria del agua puede ser un camino para lograr comunidades empoderadas y una democracia más sólida. ¿Cómo podemos adaptar modelos participativos como el de San Francisco Huilango para aplicarlos en otros contextos?La Figura 4 nos invita a reflexionar sobre cómo los procesos participativos pueden actuar como un puente para superar los obstáculos y fortalecer la democracia desde la base. Sin embargo, como se ilustra con el caso de San Francisco Huilango, este camino no está exento de desafíos. Es necesario fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades y garantizar su reconocimiento político e institucional para que estos procesos sean de manera sustantiva sostenibles y generen un impacto positivo en la calidad democrática. En resumen, la Figura 4 nos muestra cómo la gestión comunitaria y la participación ciudadana pueden ser fundamentales para construir una democracia más sólida y empoderar a las comunidades.

La sostenibilidad como enfoque transversal

Es necesario alinear las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo la interdependencia de los desafíos económicos, sociales y ambientales. En este sentido, la evaluación no solo mide resultados, sino que también permite reflexionar sobre la pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad de las intervenciones públicas.

Desde la perspectiva de la evaluación participativa, esta reflexión se enriquece al incluir las voces de las comunidades afectadas por las políticas, promoviendo un aprendizaje conjunto hacia un desarrollo más justo y sostenible. La inclusión comunitaria es clave para alinear las políticas con los ODS y evitar que estas reproduzcan patrones de exclusión o desigualdad.

Sin embargo, no todas las iniciativas de política pública logran equilibrar estos elementos. Mientras que proyectos como las energías renovables alineadas con los ODS y con alta inclusión comunitaria pueden llegar a reflejar un modelo ideal, otros, como las infraestructuras convencionales con baja participación comunitaria, destacan los riesgos de avanzar en sostenibilidad sin considerar las dinámicas sociales. En este marco, la evaluación no solo informa, sino que también guía la transición hacia prácticas más inclusivas y sostenibles, permitiendo ajustar el curso de las políticas para maximizar su impacto positivo.

La Figura 5 nos presenta una representación gráfica de cómo diferentes tipos de iniciativas de política pública se relacionan con la sostenibilidad, tomando en cuenta dos factores: la alineación con los ODS y la inclusión comunitaria. En esta figura, podemos observar un ciclo que nos muestra cómo estas iniciativas se complementan o se contraponen. En la parte superior izquierda, vemos una iniciativa de desarrollo social que, aunque promueve la inclusión comunitaria, muestra una baja alineación con los ODS. ¿Cómo podemos asegurar que las iniciativas de desarrollo social estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad?En el extremo superior derecho, se presenta un proyecto de energía renovable, que logra una alta alineación con los ODS y una alta inclusión comunitaria. Este proyecto refleja un modelo ideal en el que la sostenibilidad se logra a través de iniciativas que promueven tanto la inclusión social como la protección del medio ambiente. ¿Qué características de los proyectos de energía renovable pueden servir como modelo para otras iniciativas?

En la parte inferior izquierda, se observa un proyecto de infraestructura convencional, que presenta una baja alineación con los ODS y exclusión comunitaria. Este tipo de proyectos, aunque pueden generar beneficios económicos a corto plazo, no contribuyen a un desarrollo sostenible a largo plazo. ¿Cómo podemos evitar la proliferación de proyectos de infraestructura que no consideran la sostenibilidad?

Finalmente, en la parte inferior derecha, se presenta un programa ambiental que, si bien muestra una alineación con los ODS, presenta baja inclusión comunitaria. Este escenario destaca la importancia de no solo lograr los objetivos ambientales, sino también promover la participación y el empoderamiento de las comunidades en este proceso. ¿Cómo podemos lograr programas ambientales que involucren de manera activa a las comunidades? En resumen, la Figura 5 nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la sostenibilidad y cómo la evaluación participativa puede ayudarnos a avanzar hacia políticas más justas y equitativas.

Hacia un enfoque transformador

En última instancia, tanto mi artículo original como los principios de EvalParticipativa coinciden en la importancia de ver a la evaluación como una herramienta transformadora. Esto implica ir más allá de los indicadores tradicionales para considerar el impacto real en las vidas de las personas y las comunidades. La evaluación debe ser un motor de cambio que no solo informe sobre lo que funciona o no funciona, sino que también contribuya a diseñar políticas más inclusivas, sostenibles y orientadas al largo plazo.

Asimismo, fortalecer las capacidades locales y construir una cultura de evaluación que trascienda los ciclos políticos y las tensiones ideológicas son pasos esenciales para garantizar su relevancia y sostenibilidad. Esto incluye proteger las instituciones evaluadoras de los riesgos que enfrentan, como lo demuestra el caso del CONEVAL en México, donde la pérdida de autonomía institucional ha encendido alarmas en toda la región. Proteger estas capacidades clave no solo pretende asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también pretende reforzar la credibilidad y la eficacia de las políticas públicas.

La evaluación participativa, al involucrar a las comunidades en los procesos de reflexión y mejora, ofrece un enfoque transformador que trasciende los límites de la medición tradicional. Al hacerlo, permite que las personas afectadas por las políticas sean protagonistas de su análisis y diseño, fomentando una democracia más robusta y un desarrollo más equitativo.

Para lograr que la evaluación sea sustantivamente una herramienta transformadora, es necesario ampliar su alcance y considerar diversos elementos clave, tal como se resume en la Figura 6. En esta figura, vemos una pirámide que representa la “Evaluación como herramienta transformadora”, de la cual se desprenden cuatro líneas que señalan los pilares para lograr este enfoque. En la línea superior se destaca la importancia de ir más allá de los indicadores tradicionales. ¿Cómo podemos medir el impacto sustantivo de las políticas públicas en la vida de las personas y las comunidades, más allá de los datos cuantitativos?En la segunda línea se resalta el fortalecimiento de capacidades locales. Para que la evaluación sea sostenible y genere un cambio duradero, es fundamental fortalecer las capacidades de las comunidades para participar activamente en los procesos de evaluación y gestión de las políticas públicas. ¿Qué estrategias podemos implementar para fortalecer estas capacidades locales?

En la tercera línea se menciona la construcción de una cultura de evaluación. La evaluación no debe ser vista como un evento aislado, sino como parte de un proceso continuo de aprendizaje y mejora. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de evaluación que trascienda los ciclos políticos y las divisiones ideológicas?

Finalmente, en la cuarta línea se destaca la protección de instituciones evaluativas. Como hemos visto con el caso del CONEVAL, es fundamental proteger la autonomía y la independencia de las instituciones encargadas de la evaluación para garantizar su credibilidad y efectividad. ¿Qué medidas podemos tomar para proteger estas instituciones de las presiones políticas y los riesgos de instrumentalización? En resumen, la Figura 6 nos ofrece una hoja de ruta visual para ampliar la evaluación como herramienta transformadora, destacando la necesidad de ir más allá de los indicadores tradicionales, fortalecer las capacidades locales, construir una cultura de evaluación y proteger las instituciones evaluativas.

Una invitación al diálogo

Como autor de este artículo, inspirado en mi publicación original en La Diaria, quiero invitar a las personas vinculadas a la comunidad de práctica y aprendizaje de EvalParticipativa a reflexionar y compartir sus experiencias sobre cómo la evaluación participativa ha contribuido a mejorar la sostenibilidad y la calidad democrática en sus contextos. Este replanteo busca conectar los desafíos y aprendizajes destacados en el artículo con el enfoque participativo que caracteriza a esta comunidad.

El debate sobre el papel de la evaluación participativa en América Latina, en un contexto marcado por la polarización, los desafíos democráticos y las crisis ambientales, es más relevante que nunca. La capacidad de diseñar y llevar a cabo evaluaciones que involucren a las comunidades, respeten su autonomía y contribuyan a políticas inclusivas es, sin duda, una tarea urgente. Este artículo pretende ser una invitación abierta al análisis y al intercambio de ideas para seguir avanzando en estos temas.

Espero que estas reflexiones puedan aportar valor al diálogo colectivo (y constructivo) que EvalParticipativa promueve y que inspiren nuevas discusiones sobre cómo hacer de la evaluación participativa una herramienta aún más transformadora.

Finalmente, con la Figura 7 intentamos presentar de manera sintética el impacto que busca generar la evaluación participativa. En esta figura, vemos cuatro elementos centrales que representan los principales resultados que aspiramos alcanzar a través de la evaluación: la mejora de la sostenibilidad, la transformación de políticas, la calidad democrática y el impacto comunitario. La imagen destaca que la evaluación participativa no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr cambios profundos y positivos en nuestras sociedades. Al observar esta figura, podemos preguntarnos  cómo potenciar estos cuatro impactos de manera integral en nuestras comunidades.

En el lado izquierdo de la imagen, destaco la mejora de la sostenibilidad y la transformación de políticas. Entiendo que la evaluación participativa busca generar prácticas más sostenibles en las comunidades y transformar las políticas públicas para que sean más efectivas y orientadas al bien común. En el lado derecho, resalto la calidad democrática y el impacto comunitario. Creo que la evaluación participativa no solo pretende fortalecer los procesos democráticos y la participación ciudadana, sino que también mejorar la vida de las personas y las comunidades, permitiendo que la evaluación se centre justamente en las personas y sus necesidades. ¿Cómo podemos usar estos elementos para guiar nuestro trabajo en la evaluación participativa?

Esta Figura 7 sintetiza las principales ideas que hemos explorado a lo largo del artículo. Nos recuerda que la evaluación participativa tiene un potencial transformador que va más allá de la medición de indicadores; su objetivo final es mejorar la vida de las personas y fortalecer nuestras democracias. Esta imagen busca inspirarnos a seguir trabajando juntos en la búsqueda de políticas públicas que sean inclusivas, sostenibles y equitativas. De esta manera, la Figura 7 nos invita a seguir conversando y aprendiendo en comunidad, inspirados por el potencial transformador de la evaluación participativa.