El interés por la evaluación de las políticas públicas ha crecido significativamente en los últimos quince años. Esto se ve reflejado tanto en cuanto a la producción teórica y metodológica como en cuanto al incremento de políticas nacionales de evaluación en países de todos los continentes, la creciente institucionalidad de la evaluación y el surgimiento de diversas iniciativas orientadas a profesionalizar su práctica. Desde la declaración del 2015 como ‘Año Internacional de la Evaluación’ la relevancia de la evaluación es una tendencia global. Esta ha hecho confluir el interés y las acciones de los principales organismos internacionales de desarrollo, las redes regionales de evaluación (VOPEs), fundaciones, diversos organismos del Estado, las organizaciones no gubernamentales y la academia, todos ellos interesados en potenciar la evaluación como instrumento para mejorar las políticas públicas.

Sumado a ello, el lanzamiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presenta como un punto de inflexión en la teoría y la práctica de la evaluación. En este contexto se apuesta a construir una nueva agenda de prioridades para la evaluación a nivel global entre 2016 y 2030, la que busca reducir la brecha entre la comunidad de evaluadores (oferta) y la comunidad de los hacedores de políticas (demanda), incluyendo el protagonismo de la sociedad civil como una forma de asegurar no sólo que las evaluaciones respondan a los necesidades de los usuarios sino también a estándares de calidad, basadas en evidencias, creíbles y utilizadas en la formulación y gestión de políticas públicas.

Pero el tema de la participación y el protagonismo de la sociedad en evaluación no es tan reciente.  Esto se ha venido gestando desde hace años, bajo otras denominaciones, como Seguimiento o Monitoreo Participativo, Evaluación Democrática, Sistematización o Capitalización de Experiencias,  Cambio Más Significativo, Enfoque Sistémico en Evaluación y Evaluación de la Complejidad, por mencionar algunos. Lo que sí se evidencia como novedoso es que hoy, desde diferentes enfoques, el tema de la participación es una constante. Con diferentes matices, cada día más se valora la importancia que tiene el contexto y la perspectiva de los actores a la hora de valorar o atribuir efectos y resultados a una determinada intervención.

De la ‘participativitis’ a la participación ciudadana

Como dijimos, cada vez más se enfatiza la necesidad de la participación ciudadana, no sólo en el diseño sino en la evaluación de las políticas públicas. Así, un mayor protagonismo de la sociedad civil es considerado un aspecto central de la práctica evaluativa. Conceptos tales como ‘participación’, ‘acompañamiento’, ‘perspectiva o percepción de los actores’, resultan cada vez más frecuentes en el campo evaluativo.

Sin embargo, más allá del discurso y las buenas intenciones, la práctica de la evaluación no siempre refleja esta ‘vocación’ participativa, dado que la noción de participación adquiere diferentes connotaciones. Muchas veces los programas y proyectos tendientes a ‘estimular’ la participación ignoran que cualquier ejercicio de participación puede convertirse en un simulacro simbólico, si es que no se toma conciencia que animar un proceso participativo implica una práctica de redistribución del poder. De ese modo, en muchos casos, la EP tiende a limitarse a una mera instancia de consulta, sin ofrecer a los actores locales la posibilidad de influir en las decisiones respecto de la agenda evaluativa. Esta serie de prácticas recurrentes evidencia una falta de claridad teórica y pobreza instrumental en buena parte de las evaluaciones que se jactan de participativas, sin que las razones de este déficit sea comprendido.

¿Cómo lograr entonces la participación y el protagonismo de diversos actores sociales en la evaluación de los programas o proyectos que los afectan o involucran? La pregunta obliga a pensar cuáles son las condiciones y los mecanismos facilitadores de una efectiva participación ciudadana en los procesos de evaluación. Este interrogante conlleva profundizar en experiencias evaluativas que hayan comprendido los aspectos que hacen la diferencia en una evaluación en términos de participación social real y efectiva, a la vez que explorar los posibles aportes de los enfoques participativos y colaborativos a las evaluaciones convencionales.

¡Déjame hacerlo, enséñame a hacerlo!

La noción de participación, según mi punto de vista, surge a partir del encuentro de dos dinámicas: la oportunidad de participar y la capacidad de participar. La primera está determinada por la voluntad institucional y política de quien diseña y conduce una evaluación por crear espacios reales de participación. La segunda está determinada principalmente por las actitudes y habilidades que los actores de la sociedad civil han desarrollado a través de experiencias anteriores. Es posible hablar de participación cuando existe una adecuación entre ambas dinámicas; es decir, las capacidades de participar de los pobladores se ajustan a las oportunidades que ‘abre’ la institución, el programa o el proyecto.

En cuanto a la oportunidad de participar, la experiencia me indica que no todas las instituciones/programas que convocan a una evaluación participativa están realmente dispuestas a facilitar y acompañar estos procesos. Entre las principales retos, me gustaría destacar aquellos que siento más relevantes:

• es importante que los representantes de los diferentes niveles del programa evaluado tengan real disposición para una evaluación de este tipo, que sean conscientes de la implicancia que una evaluación multi-actoral y desde las bases puede tener, y estén abiertos a escuchar y adoptar las recomendaciones que de ella puedan surgir;
• la institución/programa debe contar con tiempo y recursos, ya que crear verdaderos espacios para el protagonismo de la sociedad civil implica procesos lentos, largos y costosos, y no siempre las instituciones están dispuestas a asumirlos;
• es muy importante contar con el apoyo de un facilitador/a local con conocimiento de la realidad e idiosincrasia de los participantes, así como adecuado manejo de herramientas de comunicación y animación socio-cultural;
• es determinante que la institución solicite o genere instancias de capacitación para los actores locales involucrados, ya que en la mayoría de los casos la experiencia participativa y evaluativa de los principales interesados es muy limitada; y
• es muy importante conformar un equipo de evaluación relativamente pequeño pero integrado con representantes de todas las partes involucradas, el que deberá actuar durante todo el proceso, desde la priorización de los temas más relevantes y la formulación de las preguntas y objetivos, hasta la comunicación y facilitación del uso de los resultados, pasando por el trabajo de definición de indicadores, recopilación y análisis de los datos así como elaboración de conclusiones y recomendaciones.

En cuanto a la capacidad de participar, siento que quienes apoyamos estos procesos tenemos un gran desafío. Particularmente en contextos como el latinoamericano, por mucho tiempo rígido y reticente a crear experiencias participativas. Sin duda, las capacidades de participación se crean cuando desde una institución se ofrecen instancias de participación y se anima a los pobladores y otros actores a involucrarse decididamente en la práctica evaluativa. Pero, sumado a la existencia de ‘oportunidades de participación’, las que funcionan como una motivación fundamental para los participantes, es necesario iniciar un proceso de capacitación activa durante todo el proceso.

Según mi experiencia, los principales desafíos son los siguientes:

• hay que hacer un esfuerzo por adecuar las instancias de participación a las capacidades de los actores, buscando intereses comunes y al alcance de los participantes (por ejemplo, no pretender que los miembros de una organización de base se involucren en el diseño de un muestreo con representación estadística para una evaluación de impacto) y acompañando los desafíos que ellos estén dispuestos a asumir;
• conocer el variado conjunto de herramientas para la evaluación democrática y participativa que hoy existe y estar dispuestos a adecuarlas y/o recrearlas para que sirvan a los procesos participativos que requiere la evaluación (elaboración de herramientas apropiadas, juegos o dinámicas que garanticen el protagonismo de todos y no sólo el de los más extrovertidos);
• reconocer que las herramientas ‘no lo pueden todo’, es necesario evidenciar en el encuentro y diálogo con los participantes una vocación participativa, vocación que se expresa en la tolerancia al error, la voluntad para ‘volver a explicar’, la disposición a revisar acuerdos y rediseñar el plan de trabajo, etc.; y
• tener claridad sobre nuestro papel de agentes externos, aunque participantes, de todo el proceso; esto es:  ‘motivar’ sin ‘empujar’, ‘reflexionar’ con el grupo sin ‘condicionar’ conclusiones, ‘aportar ideas’ sin ‘imponer’ y ‘hacer preguntas’ sin ‘sugerir las respuestas’.

A modo de conclusión

Cuando pensamos qué es una EP y cuál es su implicancia para la sociedad civil, surge un sinfín de definiciones posibles, algunas más ambiciosas que otras en términos de involucramiento de múltiples actores. Si bien qué entender por EP es parte del proceso de construcción colectiva que proponemos en esta comunidad de aprendizaje para el próximo encuentro, nos gusta pensar que una evaluación es participativa cuando las partes involucradas definen qué será evaluado, quiénes participarán, cuándo se hará, qué métodos de recolección y análisis de datos se usará y cómo se comunicarán los resultados. Nos interesa que las EP a impulsar favorezcan la incorporación activa y consiente de los miembros de la organización en el proceso evaluativo.

Por supuesto, como toda evaluación, un enfoque participativo debiera servir para aprender, reajustar y actuar tomando medidas correctivas para obtener mejores resultados; añadiendo o suprimiendo actividades o –simplemente-  cambiando la estrategia de la organización. Es decir, la evaluación debiera servir para aportar nuevos y diferentes conocimientos para la elaboración de políticas y programas. Pero, tan importante como lo anterior, es que una EP sea capaz de fortalecer a las organizaciones para que tengan mayor control sobre su propio desarrollo. Este tipo de evaluación debiera funcionar también como una herramienta para mejorar la capacidad que tienen diversos actores para reflexionar, analizar y proponer soluciones desde sus múltiples miradas.

En un taller de evaluación participativa realizado hace algunos años en Costa Rica, nos propusimos construir en conjunto con los participantes una lista de principios que podrían orientar la práctica. El resultado de aquella instancia fue muy iluminador. Personalmente siento que aquellas ideas reflejan el espíritu de EvalParticipativa. En aquel entonces concluíamos que una evaluación participativa es aquella que:

• reconoce el valor de la experiencia y los conocimientos y percepción de la población local involucrada;
• no se limita a consultar a la población, sino que la incorpora en la toma de decisiones durante todo el proceso;
• crea múltiples espacios para la recolección, análisis y uso de la información por parte de los diversos actores involucrados;
• proporciona procedimientos, herramientas y metodologías ‘amigables’ que facilitan la participación de los múltiples actores, quienes suelen tener capacidades y destrezas diferentes; y
• no cuenta con ‘evaluadores’ sino técnicos o profesionales que actúan como facilitadores del proceso (diseño, recopilación, procesamiento, análisis y uso de la información) para desarrollar las potencialidades locales.

Ojalá que el primer encuentro e experiencias de EP de América Latina y el Caribe a realizarse en Quito, Ecuador, en noviembre próximo, nos permita analizar estas ideas, recrearlas y avanzar hacia la consolidación de un nuevo paradigma de evaluación con participación social.

Esteban Tapella | Investigador de la Universidad Nacional de San Juan,  Argentina, co-director del Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad (PETAS)