por Rodrigo Quiroz Saavedra
Cuando escribí este trabajo, mi intención no fue únicamente presentar un caso de evaluación participativa, sino invitar al lector a adentrarse en la práctica evaluativa real y mirar de cerca lo que implica, en la realidad, abrir espacios de participación en contextos de participación de actores diversos y con fuertes asimetrías entre ellos.
Elegí como estudio de caso el Programa Tránsito a la Vida Independiente (PTVI) en Chile, implementado por la Fundación Eres, porque reúne dos condiciones clave: trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual —un grupo históricamente marginado— y propone un enfoque de inclusión social y laboral que pone en el centro la autodeterminación y los derechos de las personas con discapacidad.
Desde el comienzo, quise explorar hasta qué punto una evaluación podía ser realmente participativa cuando se aplicaba a un programa así. Para ello utilicé el instrumento desarrollado por Daigneault y Jacob (2009), que mide la participación en tres dimensiones: extensión del involucramiento, diversidad de actores y control del proceso. El ejercicio fue, a la vez, técnico y profundamente reflexivo. Por un lado, me permitió asignar puntajes claros; por otro, me obligó a mirar las relaciones de poder, los conflictos y las interpretaciones que iban emergiendo durante el proceso.
A lo largo de un año, trabajamos con un Comité de Evaluación que reunió a representantes de todas las partes interesadas: jóvenes con discapacidad, madres cuidadoras, profesionales de apoyo, directivos de la fundación, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil. No se trataba solo de “escuchar sus voces”, sino de que participaran en tareas sustantivas del proceso evaluativo: definir preguntas de evaluación, co-diseñar instrumentos, interpretar resultados y formular recomendaciones. Esta diversidad y amplitud de involucramiento dieron lugar a un puntaje alto en esas dimensiones, pero también revelaron tensiones que ningún indicador por sí solo pudo capturar.
Uno de los momentos más significativos fue una discusión en torno al papel de las familias. Mientras algunos veían a las madres como un apoyo indispensable para la independencia de los jóvenes, ellas mismas relataban la sobrecarga y la falta de apoyo que experimentaban. Allí, entendí que el evaluador no puede limitarse a ser un observador neutral: su rol incluye visibilizar asimetrías y, cuando es necesario, respaldar la posición de quienes tienen menos poder para que sus perspectivas no queden invisibilizadas.
El instrumento de Daigneault y Jacob fue útil para sistematizar y puntuar la experiencia, pero también confirmé sus límites. Mide quién participa y en qué tareas, pero no siempre captura cómo se negocia el poder, ni qué interpretaciones acaban predominando y con qué consecuencias para los actores implicados. Por eso, en el capítulo argumento que incorporar la dimensión de relaciones de poder es fundamental si queremos que la evaluación participativa sea coherente con sus principios transformadores.
En lo personal, esta experiencia me confirmó que la evaluación participativa es tanto un ejercicio metodológico como un acto político y ético. Político, porque se trata de quien puede decir, tener voz e influencia en un proceso que puede afectar políticas, programas y las vidas de las personas. Ético, porque nos confronta con la responsabilidad de no reproducir, desde la evaluación, las mismas formas de opresión que decimos querer transformar.
El capítulo avanza entre la narración del caso y la reflexión sobre el rol del evaluador. Propongo que este rol no es solo facilitar, sino también mediar, abrir espacios para el disenso y resolución de conflictos, y crear las condiciones para que los saberes de los participantes y la experiencia vivida tengan el mismo peso que el saber técnico. También muestro cómo, al finalizar el proceso, la percepción subjetiva que yo tenía —de que la evaluación había sido moderadamente participativa— fue superada por los datos: los indicadores mostraban una participación más amplia y profunda de lo que imaginaba.
En definitiva, invito al lector a acompañarme en este recorrido reflexivo, no para aprender una “receta” de evaluación participativa, sino para asomarse a las complejidades, dilemas y aprendizajes que surgen cuando la participación se toma en serio. Espero que, al cerrar el capítulo, quede claro que evaluar de forma participativa no es sólo aplicar un método: es comprometerse con un proceso de democratización del conocimiento y de las decisiones, capaz de desafiar las estructuras que sostienen la exclusión.
Daigneault, P. M., & Jacob, S. (2009). Toward accurate measurement of participation: Rethinking the conceptualization and operationalization of participatory evaluation. American Journal of Evaluation, 30(3), 330-348.
